La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) se sumó este jueves 13 de junio a los reclamos al Congreso peruano, que recientemente aprobó en primera instancia un proyecto de ley que evitaría el enjuiciamiento de personas que hayan cometido crímenes de guerra o de lesa humanidad antes del 2002. Human Rights Watch y numerosas organizaciones civiles se han mostrado en contra de esa legislación, apoyada por el fujimorismo.
Por Maximiliano Pérez | France24
A través de una resolución publicada en sus redes sociales, la CorteIDH pidió al Estado peruano que «suspenda inmediatamente el trámite legislativo del proyecto de ley número 6951/2023-CR que ‘precisa la aplicación y alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra'», para «garantizar el derecho de acceso a la justicia de las víctimas de los casos Barrios Altos y La Cantuta».
El pronunciamiento tiene por objetivo lograr que los miembros de la CorteIDH cuenten con «todos los elementos necesarios» para analizar la afectación de dichas medidas a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta, dos de los casos de violaciones a los Derechos Humanos más emblemáticos durante el período de conflicto armado dentro de Perú (1980-2000).
Además, el organismo de justicia regional llamó a representantes del Estado peruano, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta a participar en una audiencia pública el próximo 17 de junio, en pro del intercambio de posturas e ideas sobre el polémico proyecto de ley.
La resolución de la CorteIDH llega después que varias organizaciones de la sociedad civil hicieran un llamado a su figura para que ordenara la suspensión de dicho proceso legislativo.
La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), junto con otras cinco instituciones civiles, hicieron saber al público el pasado 8 de junio sobre sus peticiones a la CorteIDH, que hoy fueron respondidas.
Promotor niega que sea una amnistía para policías y militares
La semana pasada, el legislador y exmilitar José Cueto rechazó que se trate de una amnistía y explicó el proyecto que busca impedir que se procese a cualquier persona por delitos de lesa humanidad o crímenes de guerra ocurridos en Perú antes de 2002, con lo que se excluye el periodo del conflicto interno que dejó más de 69.000 víctimas.
«Lo único que se está tratando de hacer es que nuestros policías y militares que lucharon contra el terrorismo en esa época sean tratados como cualquier ciudadano. Los mismos terroristas y delincuentes son juzgados con las mismas normas, no por el delito de lesa humanidad. No hay un solo terrorista en Perú que haya sido juzgado por delitos de lesa humanidad’, explicó Cueto el 7 de junio a France 24 en Español.
Más de 600 casos podrían quedar impunes
Fue el pasado 6 de junio cuando el Congreso peruano aprobó, en primera instancia y con el respaldo de la mayoría fujimorista (derecha), una nueva legislación que busca excluir la realización de procesos penales en contra de perpetradores de crímenes de lesa humanidad ocurridos antes del 2002, año en donde se adoptó en Perú el Estatuto de la Corte Penal Internacional.
De consumarse finalmente, esta legislación dotaría de impunidad a todos aquellos procesos activos de posibles crímenes de guerra durante el período del conflicto interno peruano, afectando poco más de 600 casos abiertos que podrían ser archivados o concluidos, según informó el Ministerio Público del país.
«[De aplicarse dicha norma] se estaría afectando a más de 550 víctimas, y a un número muy considerable de los familiares de estas, y a la sociedad en su conjunto que tienen el derecho a conocer la verdad«, mencionó La Junta de Fiscales Supremos a través de un comunicado, alertando sobre la «impunidad y vulneración al derecho a la verdad» que se generaría de concretarse esta ley.
Human Rights Watch llama a la OEA para abordar «el retroceso democrático» en Perú
Por su parte, Human Rights Watch (HRW) incluyó la iniciativa sobre la prescripción de crímenes de lesa humanidad en su acusación hacia el Gobierno peruano por tener supuestamente la intención de «socavar la independencia judicial» en el país, algo que la organización humanitaria calificó como un «retroceso» en la democracia peruana.
«Con esta ráfaga de legislación destructiva, los congresistas peruanos están intensificando sus medidas para controlar a las autoridades judiciales y electorales», alertó la directora para las Américas de Human Rights Watch, Juanita Goebertus, que señalo a la presidenta peruana, Dina Boluarte, de haberse «aliado» con el Congreso para evitar su destitución en varias ocasiones.
Además, Goebertus expresó su preocupación porque el nuevo proyecto legislativo «abra la puerta» a la revisión de condenas contra miembros de Sendero Luminoso, de grupos paramilitares como Colina, acusado de graves crímenes de lesa humanidad, y altos funcionarios del Gobierno dictatorial de Alberto Fujimori que se encuentran recluidos por dichos actos.
Por último, la directora de HRW para las Américas hizo un llamado a los miembros de la Organización de Estados Americanos para que aborden la situación en su próxima cumbre, con el objetivo de pronunciarse en contra del debilitamiento del Estado de derecho en el país andino.
«Los gobiernos de las Américas deben pronunciarse urgentemente sobre el retroceso democrático en el Perú», sentenció Goebertus.
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