Un medio peruano se contactó con el abogado penalista Joel Córdova y con el excanciller Miguel Ángel Rodríguez, quienes explicaron los efectos de la denuncia que interpondrá Harold Forsyth contra Dina Boluarte a nivel internacional.
Lima.- Dina Boluarte será denunciada ante la Corte Penal Internacional por los delitos de lesa humanidad, según lo anunció el exembajador ante la OEA, Harold Forsyth, debido a la masacre cometida por el Gobierno de la presidenta a finales del 2022 e inicios del 2023.
Ante ello, los medios se contactaron con Joel Córdova, quien ha sido abogado de la Procuraduría General del Estado, y con Miguel Ángel Rodríguez, jurista y exministro de Relaciones Exteriores, para que nos expliquen en qué consiste este proceso y cuáles son las consecuencias de esta denuncia contra la mandataria.
Dina Boluarte: la primera presidenta peruana en ser denunciada en la CPI
En primer lugar, Joel Córdova explicó que esta denuncia contra Dina Boluarte en la Corte Penal Internacional será la primera que se le realice a un presidente peruano ante un organismo internacional por los delitos contra la humanidad, que son los más graves que existen y que merecen el reproche de toda la comunidad internacional.
El exabogado de la Procuraduría afirma que esto tendrá una gran repercusión mediática, puesto que pondrá al Perú como un país en donde aparentemente no se respetan los derechos humanos, lo cual es un retroceso de cara a nuestra imagen jurídica internacional.
Asimismo, menciona que en este proceso se podría investigar y decidir si Dina Boluarte y otros altos funcionarios se han valido de sus cargos para cometer de forma sistemática y generalizados ataques contra la población civil, produciéndoles muertes, lesiones, desapariciones, entre otros, lo que se conoce como delitos de lesa humanidad. Este proceso está a cargo de un fiscal internacional y un Tribunal Internacional, cuya sede se encuentra en La Haya y que reúne varias características similares a nuestros procesos penales.
Por otro lado, el excanciller Miguel Ángel Rodríguez afirma que este proceso es atemporal; es decir, no está sometido a plazos debido a que se trata de un delito contra los derechos humanos.
Además, sostuvo que el criterio de la pena que vaya a recibir Dina Boluarte estará en función de la connotación que ella tome del tamaño del delito cometido. En estos casos no existen años en términos de cuantificación y no depende del número de muertes, sino del impacto que produce como lesa humanidad.
Dina Boluarte podría ser detenida si la Corte Penal Internacional lo ordena
La Corte Penal Internacional no se rige bajo las leyes peruanas, lo que significa que la prerrogativa del antejuicio político establecida en nuestra Constitución no impide que se le abra una investigación o se le dicte una detención preliminar a través de una medida cautelar en este organismo internacional.
«El Estatuto de Roma, que regula la creación de la CPI, establece medidas de derechos que tipifican delitos, es decir, que establecen cuáles son las conductas por las que te van a sancionar. Esta también establece normas procesales; una de ellas son las medidas de naturaleza cautelar, como la detención en contra de la presidenta. Las decisiones de la Corte se cumplen de forma inmediata. Si deciden que una persona es culpable o se le impone una prisión cautelar, emiten una orden de captura internacional», afirmó Joel Córdova.
Cabe resaltar que la Corte Penal Internacional se rige bajo el principio de complementariedad. Esta actúa siempre que un Estado no investigue un caso o lo haga deficientemente, procurando impunidad. La denuncia que se pretende hacer tendrá que justificar por qué razón, a juicio de ellos, no se está llevando a cabo una investigación correcta en nuestro fuero interno«, culminó el abogado penalista.
Dina Boluarte: las muertes durante las protestas son de carácter imprescriptible
Miguel Ángel Rodríguez afirma que los delitos de lesa humanidad son de carácter imprescriptible, por lo que no van a perder su validez debido al transcurso del tiempo en la Corte Penal Internacional. El jurista deja en claro que esta imprescriptibilidad va desde el 2002 —fecha en la que se creó la CPI— en adelante.
«Los delitos de lesa humanidad son de carácter imprescriptible. Es lamentable que la presidenta no haya tratado este asunto con el nivel de seriedad que corresponde para contrarrestar esta ola de imputaciones. Se ha difundido la tesis de que la presidenta es una asesina y que se han violado los derechos humanos, sin embargo, la investigación no ha respaldado esta afirmación. Esto representa un detrimento tanto para ella como para el Estado», finalizó.
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