Luego de una reunión con el Pacto de Unidad, el Presidente denunció que el objetivo de la norma fue distorsionado y reiteró que existe un “plan de desestabilización”
La Paz.- El presidente Luis Arce anunció la mañana de este martes la abrogación del Decreto Supremo 5143 sobre el registro de Derechos Reales.
Luego de una reunión con dirigentes del Pacto de Unidad “arcista”, el Mandatario denunció que el objetivo de la norma fue distorsionado y manipulado para “mentir” a la población.
Además, afirmó que está en marcha un “plan de desestabilización para convulsionar el país” en los siguientes días, por lo que determinó anular este decreto.
“Hemos tomado la decisión de abrogar este decreto supremo para evitar cualquier distorsión cualquier convulsión social que se esté buscando, porque lo que menos nosotros queremos es que utilicen este tipo de herramientas para fines políticos personales y de grupos que no tiene nada que ver con los intereses del pueblo boliviano”, indicó Arce.
El Nandatario aseguró que la norma buscaba garantizar la propiedad privada de la población en el país a diferencia de las versiones de otros sectores, la oposición y del ala “evista” que denunciaban supuestamente el Gobierno buscaba tener el control de la propiedad privada.
“Lamentablemente, está siendo aprovechado con fines no solamente políticos, sino también hay un plan de desestabilización que está en marcha para convulsionar el país a partir de este decreto supremo”, dijo.
Cuestionó que el DS 5143, vigente desde hace un mes, recién haya sido cuestionado en estos últimos días e incluso haya advertencias de movilizaciones.
Antes, en la misma conferencia, el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Juan Carlos Huarachi, informó que a sugerencia del Pacto de Unidad se pidió la abrogación del decreto tras el ambiente de conflictividad y la actitud de querer “politizar” la norma.
El ministro de Justicia, Iván Lima, indicó que el decreto tenía la finalidad de modernizar el sistema de derechos reales, que ya había sido regulado en 2004, durante el gobierno de Carlos Mesa.
En medio de la polémica por su vigencia, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) admitió el 10 de mayo dos recursos de inconstitucionalidad abstracta e instruyó suspender su aplicación. //agc
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